Madrid.
 

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA OBTENCIÓN

El artículo 67 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que las Empresas serán clasificadas en función de su solvencia, siguiendo los criterios establecidos en los artículos 75, 76 y 78 de la propia Ley.

La Ley 25/2013 ha modificado los arts. 76 y 78 (solvencia técnica en contratos de Obras y de Servicios) ampliando el plazo de consideración de los años de experiencia de los cinco años en obras a diez, y de tres a cinco en Servicios; asimismo, se permitirá la consideración de las obras ejecutadas por empresas filiales en el extranjero. Esta reforma ha entrado en vigor el día 5 de Noviembre de 2015, en que lo ha hecho el Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto y han sido publicados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa los nuevos formularios para su aplicación.

El Reglamento de la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre), que entró en vigor en Abril de 2002, desarrolla los preceptos legales, siguiendo básicamente las mismas pautas hasta ahora existentes, que provienen de la Orden de 28 de Marzo de 1968, modificada varias veces a lo largo de sus más de cuarenta años de existencia. Con fecha 28 de Agosto de 2015 el ya citado el Real Decreto 773/2015 ha realizado un profundo cambio en el orden de exigencia de las condiciones para la Clasificación (que analizamos en el apartado “REQUISITOS PARA OBTENER LA CLASIFICACIÓN”) y en el número de trabajos que pueden tomarse en consideración para fijar la cifra base de cálculo de la categoría.

A la Clasificación de Contratistas se refieren los artículos 25 a 53; a la de OBRAS, concretamente, los 25 a 35; a la de SERVICIOS, los 37 a 46  y los 47, 48 y 49, que son comunes para Obras y Servicios.

En estos artículos se fijan los criterios para asignar las categorías dentro de cada subgrupo de tipo de obra (que previamente ha establecido); estos son los siguientes:

* Cifra base: la mayor suma anual de un máximo SEIS obras del subgrupo, ejecutada en el último decenio (es decir, el mejor año de cada uno de los diez que se pueden abarcarse en el Expediente, en cada subgrupo; podrán o no coincidir el mismo año en dos o más subgrupos) En caso de que una sola obra tuviera un importe máximo anual mayor que la suma anterior, podrá tomarse ésta como base de cálculo. En servicios, la referencia es a la mejor suma anual de un máximo de CUATRO trabajos en el último quinquenio, multiplicada por un coeficiente reductor en función de la ejecución simultánea.

Sobre esta cifra base, se aplican unos factores multiplicadores, que forman el llamado “Índice de Empresa”:

.- Hasta un veinte por ciento, en cualquier caso.
.- Hasta un cincuenta por ciento, en función de su personal técnico (por titulación y experiencia), en relación con el volumen medio de obra o servicios ejecutado en el quinquenio o trienio.

.- Hasta un setenta por ciento, en función del valor de su parque de maquinaria, así como del promedio de sus alquileres, también en relación con el volumen medio de obras o servicios ejecutados en el quinquenio o trienio, según el caso.
.- Hasta un ochenta por ciento, en función de la relación entre la media aritmética de sus Fondos Propios en los últimos tres años y el volumen medio de trabajos ejecutados en el quinquenio o trienio.

.- Hasta un cien por cien, en función de la antigüedad de la Empresa, o del volumen total realizado en los últimos cinco o tres años (obras o servicios).
Como puede verse, la primera cifra puede verse incrementada hasta en un trescientos veinte por ciento, aunque existen limitaciones que impiden obtener clasificaciones elevadas con importes pequeños. Por lo general, un índice del 2,8 es el que permite una mayor ampliación de la cifra básica realizada.

 

 
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